De lo dicho hasta aquí, se puede constatar la
complejidad y tensiones de las relaciones entre magistrados y
poder
político (militares) que han marcado nuestra historia nacional desde la
época de la Independencia
y hasta nuestro pasado reciente, desde un San Martín
delineando al Poder Judicial
como un pilar esencial del modelo
republicano de gobierno, pasando
por un Velasco que convirtió al Poder Judicial en
apéndice de su gobierno de facto y continuando con sus
seguidores de la década del noventa.
Relaciones conflictivas que no ha sido más que el
reflejo de una de las líneas tendenciales de nuestro
constitucionalismo histórico que acentuó el
predominio del Poder Ejecutivo y el régimen
presidencialista, cuya exacerbación dio paso, durante los
siglos XIX y XX, al fenómeno del "caudillismo" y
"militarismo", bajo cuyo mano se dieron muchos períodos
dictatoriales, autoritarios y despóticos; situación
que determinó que uno de los rasgos característicos
de las Constituciones de 1979 y 1993 sea su impronta antimilitar,
enfatizándose el sometimiento del poder militar al poder
civil, incluso en el ámbito judicial, carácter de nuestra institucionalidad que
no tuvo un correlato en la realidad como es fácil de
constatar en las páginas recientes de nuestra
historia.
Sin perjuicio de lo constatado anteriormente, el Decreto
Ley N°
18918, aparte de designar el 04 de agosto como "Día del
Juez", dispuso que anualmente las Cortes Superiores de Justicia
realizarán en esa fecha sesiones solemnes destinadas a
rememorar la obra de los Magistrados peruanos que han contribuido
a la correcta administración de Justicia, al progreso de
la cultura
jurídica del país y a la emancipación
social, política y económica de la
República.
Como se puede apreciar, la valla impuesta por dicha
norma legal deviene en sumamente alta como para que se la pueda
superar con facilidad.
Sin desmerecer el valioso desempeño de innumerables magistrados,
hombres y mujeres, en los distintos lugares del país, en
el cumplimiento de la misión
encomendada por el Estado para
brindar el servicio de
administrar justicia; es preciso indicar que la historia judicial
no es rica en el registro de
magistrados ejemplares, héroes civiles de la magistratura,
que hayan contribuido sustantivamente a la correcta administración de justicia, al progreso de
la cultura jurídica y a la emancipación de la
República, tal como lo exige el Decreto Ley N°
18918.
Así, resulta evidente que la falta de
independencia del Poder Judicial ante la injerencia y presión
del poder político, junto a la ineficiencia y la corrupción, han constituido problemas que
históricamente han afectado al servicio de
administración de justicia del Perú y la moral de
los magistrados, mucho más que la insuficiente
autonomía presupuestaria, deteriorando la imagen y
credibilidad de la judicatura ante la opinión
pública, generando un sentimiento de desconfianza
frente a la justicia oficial y su desaprobación
social.
A pesar de ello, es posible mencionar a algunos
magistrados emblemáticos del Poder Judicial y del
Ministerio Público cuyo desempeño funcional se
enmarcó en los parámetros normativos indicados,
entre otros, tales como el fiscal supremo
Guillermo Seoane, el vocal de la Corte Suprema de la
República Domingo García Rada, el primer Fiscal de
la Nación
Gonzalo Ortiz de Zevallos, el vocal de la Corte Suprema de la
República Carlos Ernesto Giusti Acuña, la jueza
Antonia Esther Saquicuray Sánchez que en el caso "Barrios
Altos" declaró inaplicable por inconstitucional una ley de
amnistía, la jueza Inés Villa Bonilla al enfrentar
la complejidad de los casos de corrupción generalizada de las
últimas décadas, la vocal suprema Elcira
Vásques Cortez Jefe de la Oficina de
Control de la
Magistratura del Poder Judicial, etc.
Finalmente, en atención a los aspectos mencionados
anteriormente, es posible afirmar que reconocer y rememorar la
valiente actitud de los
y las magistradas mencionadas para resistir las presiones del
poder político y militar, evitar la quiebra de la
institucionalidad del Poder Judicial y priorizar el respeto de los
derechos
fundamentales de los justiciables previstos en la Constitución, los convierten en figuras
emblemáticas por su contribución a la correcta
administración de justicia y al desarrollo de
la cultura jurídica del país, reflejo de sus
convicciones éticas, de su independencia de criterio y de
su estatura moral, que
puede servir para elevar la autoestima de
la magistratura, esencialmente porque su legado será el de
permitirnos concebir optimistamente a los y las Jueces, no solo
como pilares de la justicia, sino como defensores de la democracia y
de los derechos fundamentales de las personas de la
República del Perú, tal como la soñó
el Libertador don José de San Martín hace
más de siglo y medio.
*****
J. Fernando Bazán Cerdán
Juez Especializado Penal de Cajamarca
(Perú)
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